Real Decreto por el que se regula la Prestación de Servicios Sanitarios y de Recuperación por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre)

Documentos citados

• Constitución Española de 1978 - Artículos 17, 149
• Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) - Artículo 113
• Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril) - Artículo 4
• Ley de Tasas y Precios Públicos (Ley 8/1989, de 13 de Abril) - Artículos 25, 26
• Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (Ley 53/1984, de 26 de diciembre) - Artículo 3



Ver todas las citas

• Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre)
• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, </strong>por el que se aprueba<strong> el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social - Artículos 5, 68, 71, 127
• Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003, de 26 de noviembre) - Artículo 2
• Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social.
• Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre) - Artículo 12
• Orden TIN/2786/2009, de 14 de octubre, </strong>por la que<strong> se implanta el proceso telemático normalizado CAS@, para la tramitación de las solicitudes de autorización y comunicaciones de los conciertos con medios privados para hacer efectivas las prestaciones sanitarias y recuperadoras a cargo de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
• Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (Ley 16/2003, de 28 de mayo)
• Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Real Decreto 1993/1995, de 7 de Diciembre)
• Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. (Ley 27/2011, de 1 de agosto)
• Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. (Real Decreto 625/2014, de 18 de julio)