STS 1291/2002, 30 de Diciembre de 2002
Enlazado como:
Resumen
No longer available (Autolink)
Frases clave
“ la Sala no tiene sino que resaltar dos afirmaciones apodicticas: por un lado, -repetir una vez más- que tratándose en toda su complejidad negocial básicamente de una "locatio operarum" la prestación de servicios por parte del Abogado y Procurador con respecto a sus clientes, su contenido se integra en una obligación medial y no de resultado, pues, notorio y sabido es, que nunca pueden citados profesionales garantizar el éxito de cualquier decisión judicial y, menos aún, la evitación de los perjuicios irrogados por un procedimiento judicial trabado contra quien confió la defensa de sus intereses a susodichos profesionales, En segundo lugar, es también una obviedad resaltar -y se reitera- que cualquiera que hubiera sido la actuación ejemplarizante o diligente en el supuesto de que así se actuara por parte de los profesionales del Derecho, ello no condicionaría el éxito seguro, no sólo de la pretensión en cuanto a la defensa de los intereses confiados por los clientes, sino también la elusión de cualquier tipo de perjuicio derivado de la existencia de un procedimiento litigioso, ya que, -se repite una vez más- esos eventos dependen (o provendrán) de una decisión soberana totalmente independiente emitida por los órganos judiciales, (lo que "pertenece de lleno al estricto campo de las conjeturas. SS. 11-11-97 y 25-6-98)
”Ver el contenido completo de este documento
Extracto
STS 1291/2002, 30 de Diciembre de 2002
No longer available (Autolink)
Ver el contenido completo de este documento
Documentos citados
- Ley del Contrato de Seguro (Ley 50/1980, de 8 de octubre) - Artículo 20
- Código Civil - Artículos 101, 104, 1101, 1104, 1106, 1183, 1258, 1544
- Real Decreto de Promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Real Decreto de 3 de febrero de 1881) - Artículos 1692, 1715
- Real Decreto 2090/1982, de 24 de Julio, </strong>por el que se aprueba<strong> el Estatuto general de la abogacia. - Artículos 53, 54
- Ley Orgánica de Actualización del Código Penal (Ley Orgánica 3/1989, de 21 de Junio)