STS, March 29, 2001

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La motivación de la sentencia recurrida es amplia, rigurosa y constitucionalmente irreprochable y justifica cumplidamente que la resolución judicial que autorizó la intervención telefónica se ajustó a las exigencias de necesidad, idoneidad y proporcionalidad requeridas por la norma suprema para poder cercenar los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones y a la intimidad.

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