DECRETO 200/2012, de 16 de octubre, por el que se regula la estructura y funciones del Instituto Vasco de Administración Pública.

Afectaciones

DEROGA

• DECRETO 241/2003, de 14 de octubre, por el que se regula la estructura y funciones del Instituto Vasco de Administración Pública.

AÑADE

• DECRETO 38/2000, de 29 de febrero, por el que se regula el Servicio Oficial de Traductores. - Artículos : 3.j) 3.k) 3.l)
• DECRETO 80/1986, de 11 de Marzo, sobre Constitución, Funcionamiento y Organización de «Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskola-Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos». - Artículos : 4.g) 4.h) 4.i)

DEROGADA por

• DECRETO 133/2021, de 4 de mayo, por el que se regula la estructura y funciones del Instituto Vasco de Administración Pública.

Documentos citados

• DECRETO 38/2000, de 29 de febrero, </strong>por el que<strong> se regula el Servicio Oficial de Traductores. - Artículo 3
• DECRETO 80/1986, de 11 de Marzo, sobre Constitución, Funcionamiento y Organización de «Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskola-Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos». - Artículo 4
• DECRETO 241/2003, de 14 de octubre, </strong>por el que<strong> se regula la estructura y funciones del Instituto Vasco de Administración Pública.
• Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril)
• Ley del Patrimonio de Euskadi (Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre)



Ver todas las citas

• Ley sobre Régimen Jurídico del Instituto de Administración Pública del País Vasco (Ley 16/1983, de 27 de Julio) - Artículo 1
• Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera (Ley 10/1982, de 24 de Noviembre)
• DECRETO LEGISLATIVO 1/2011, de 24 de mayo, </strong>por el que se aprueba<strong> el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
• DECRETO 48/2012, de 3 de abril, </strong>por el que<strong> se determina la centralización de los servicios transversales de traducción de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos.