STS 973/1998, 24 de Octubre de 1998
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Resumen
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Frases clave
“ No se trata, como sostienen los que recurren y de conformidad a lo expuesto, de una acción civil independiente contra la aseguradora que respondería subsidiariamente en defecto de los sucesores obligados del fallecido don Raúl, -que fue quien realizó el proyecto y asumió la dirección técnica de la construcción de la nave donde ocurrió el accidente mortal-, ni hechos sobrevenidos nuevos y distintos, a efectos de obtener indemnizaciones superiores a las otorgadas en vía penal, por lo que el motivo perece, ya que como dice la sentencia de esta Sala de 11 de mayo de 1995, resultaría situación ilógico-jurídica y no acomodada a la legalidad, que pudieran los perjudicados a su arbitrio o capricho fragmentar y dividir las indemnizaciones civiles, persiguiendo parte en la vía plural y el resto en la civil, cuando el acto ilícito generador es el mismo, y no convergen modificaciones posteriores que autoricen a conceder mayor indemnización, lo que también es de aplicar, como aquí sucede, que estando pendiente de resolver el proceso penal, -pues cuando se planteó la demanda no se había resuelto la apelación interpuesta contra la sentencia del Juez de lo Penal-, se ejercite simultáneamente la acción civil por culpa extracontractual. Resulta aún más inadecuado que antes de dictarse la segunda sentencia por el Juzgado Penal (fechada el 30 de octubre de 1992) y que pendía, los recurrentes funden sus pretensiones en una primera sentencia, anulada por la Audiencia Provincial, de 10 de julio de 1992. ”
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Extracto
STS 973/1998, 24 de Octubre de 1998
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Documentos citados
- Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) - Artículos 106, 107
- Código Civil - Artículos 1252, 1902
- Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882) - Artículo 112
- Real Decreto de Promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Real Decreto de 3 de febrero de 1881) - Artículos 116, 533, 1692, 1715
- Ley 8/1992, de 30 de abril, de Modificación del Régimen de Permisos concedidos por las Leyes 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores, y 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, a los adoptantes de un menor de cinco años.
