ORDEN ECO/438/2003, de 21 de febrero, por la que se regula la Comisión Ministerial de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Economía.

Afectaciones

DEROGA

• ORDEN de fecha 16 de noviembre de 2000 por la que se constituye la Comisión Ministerial de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Economía.

DEROGADA por

• Orden EHA/4025/2004, de 25 de noviembre, por la que se constituye la Comisión Ministerial de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Economía y Hacienda.

Documentos citados

• Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre)
• REAL DECRETO 680/2002, de 12 de julio, </strong>por el que<strong> se modifica la estructura del Ministerio de Economía.
• REAL DECRETO 777/2002, de 26 de julio, </strong>por el que<strong> se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía.
• Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio) - Artículo 201
• Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que Contengan Datos de Carácter Personal Castilla La Mancha (Real Decreto 994/1999, de 11 de junio)



Ver todas las citas

• REAL DECRETO 1371/2000, de 19 de julio, </strong>por el que<strong> se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía.
• REAL DECRETO 1099/2002, de 25 de octubre, </strong>por el que<strong> se modifica el Real Decreto 1371/2000, de 19 de julio, </strong>por el que<strong> se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía.
• Real Decreto 2291/1983, de 28 de Julio, sobre Organos de elaboracion y desarrollo de la Politica informatica del Gobierno. - Artículo 7
• Real Decreto por el que se establecen Determinadas Especialidades para la Contratación de Servicios de Telecomunicación (Real Decreto 541/2001, de 18 de mayo) - Artículo 13
• Real Decreto 533/1992, de 22 de mayo, </strong>por el que<strong> se atribuyen determinadas facultades en los procedimientos de contratación de bienes y servicios informáticos.